Blog de Reunificación y Deudas

Un concepto que rara vez se tiene en cuenta a la hora de analizar el coste real de una reunificación de deudas es el de la anulación de los préstamos previos, antes de poder conformar la nueva hipoteca, el cuál se suele añadir directamente al capital solicitado en la nueva hipoteca, incrementando, por tanto, el dinero final a devolver.

En este sentido, hay que tener en cuenta que en la reunificación de deudas se cancelan una serie de préstamos personales previos, y éstos deben de ser cancelados antes de poder utilizar de una manera definitiva el paraguas de la reunificación de deudas, con lo que el capital solicitado y pendiente de amortizar se incrementa.

Además, el tipo de interés concedido por las entidades financieras en estas nuevas hipotecas suele estar claramente por encima del tipo que se suele conceder en casos de hipotecas normales, con lo que también se acaba pagando más en cuestión de tipo de interés, aunque, también hay que reconocer que, en cualquier caso, el tipo de interés sería menor que el de los préstamos personales que se están intentando cancelar.

En definitiva, la reunificación de deudas tiene unos aspectos positivos y otros negativos que deben de ser valorados detenidamente y cuidadosamente antes de apostar por esta opción de manera definitiva como solución de los problemas, que sí que los puede solucionar en gran cantidad de situaciones, pero que no deben de ser sobrevalorados para no caer en errores de análisis que puedan llevar a planteamientos erróneos.

Las deudas acumuladas por las entidades de crédito, o mejor dicho por los clientes con las propias entidades de crédito, siguen disparadas sin que parezca que pueda haber una solución en el corto-medio plazo, sobre todo si tenemos en cuenta que en breve llegarán los tests de estrés con los que España tendrá que pasar su prueba de fuego para demostrar la solvencia de sus entidades financieras.

Y es que según los datos provisionales del Banco de España, que todavía deben de ser confirmados por el máximo organismo financiero español, la tasa d emorosidad de las entidades financieras españolas se disparó durante el pasado mes de noviembre al 7,51%, lo que supone acercarse peligrosamente a datos de 1994, cuando se marcó el máximo histórico con un preocupante 9,1%.

Una tasa de morosidad que determina de manera directa el tipo y la calidad del crédito que las propias entidades financieras conceden, ya que en un momento en el que todos los mercados internacionales miran con lupa la actuación de los bancos y cajas españolas, nos encontramos con una situación en la que no se pueden permitir caer en impagos.

Ello provocará, sin duda, que se congele aún más la concesión de préstamos de todo tipo para evitar que se produzca esta situación, lo cuál causará un gran daño en la economía real, ya que lejos de recuperar su prestancia, seguirá hundida en la crisis que viene padeciendo en los últimos años.

Al amparo del recrudecimiento de la crisis financiera que sigue asolando a nuestro país, y al resto del mundo avanzado, los créditos rápidos se están incrementando de manera exponencial en los últimos meses, como consecuencia de la necesidad recurrente de las familias de afrontar los pagos que se les vienen encima.

El problema es que la obtención de estos créditos no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, ya que los elevados tipos de interés que exigen provocan que a la hora de tener que proceder a la devolución del préstamo las familias se vean envueltas en toda una maraña imposible de interés que les perjudica económicamente de manera importante.

Por ello es importante no caer en la pescadilla que se muerde la cola de pagar créditos con créditos, porque ello condena a las familias a no salir del pozo en ningún momento, ya que lo que acaban pagando es intereses en lugar de capital, sin conseguir amortizar jamás las deudas que van acumulando.

En este sentido, los expertos coinciden en afirmar que los créditos rápidos pueden ser una buena medida de urgencia para casos extremos, pero que en ningún caso deben de utilizarse como método de resolución de problemas habituales, o como parche para procesos de mala gestión.

Aún así, con la que está cayendo a muchas familias no les queda otra alternativa más que recurrir a este tipo de opción, como bien se está demostrando en realidad.

Tras las compras navideñas, enero se convierte en el mes de penitencia provocado por las ingentes cantidades de compras que se realizan durante las fiestas, ya que es el mes en el que llegan las facturas de las tarjetas de crédito sobre las que se cargaron la gran mayoría de las compras, especialmente en estos momentos de dificultad en los que la mayoría de las familias no cuentan con la liquidez suficiente como para afrontar los pagos en metálico.

El problema es que lo que mucha gente todavía no tiene claro es que las tarjetas de crédito siempre llevan un recargo en forma de tipo de interés que debe de ser asumido a la hora de los pagos, con lo que todo aquello que se compró con una tarjeta de crédito se encarece sobre manera, y más si tenemos en cuenta los elevados tipos de interés que aplican las tarjetas.

Porque no es lo mismo pagar un 3%-4%, que vendría a ser lo que se paga por una hipoteca o por un préstamo más o menos a largo plazo, que tener que abonar un 7%-9%, que es la media del tipo de interés aplicado por las tarjetas de crédito, reamente difícil de asumir a todos los niveles.

A ello se añade la general incultura financiera de la sociedad española, desconocedora, en gran medida, de este elevado tipo de interés que tienen que pagar por la utilización de la tarjeta de crédito, lo cuál les condena a pagar intereses extra por algo que les podría haber resultado mucho más económico.

Esta es, sin duda, una de las principales razones que hacen tan empinada la cuesta de enero.

Según un análisis que ha realizado la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, el 30% de las ejecuciones hipotecarias que tienen lugar en nuestro país, o que han tenido lugar, mejor dicho, se podrían haber evitado de haber mediado un proceso de refinanciación de deuda, con una ampliación del plazo de amortización de la hipoteca.

Y es que gracias a la refinaciación ambas partes salen ganando, por un lado gana el cliente que puede seguir viviendo en el mismo inmueble en el que se encontraba, y por otro lado gana la propia entidad financiera que, sobre todo en estos momentos de dificultad económica y práctica imposibilidad para vender inmuebles, consigue seguir cobrando el dinero de la hipoteca, o al menos una parte.

Con estas refinanciaciones se puede ampliar el plazo o reducir el diferencial aplicado sobre el Euríbor, con lo que el tipo de interés mensual es menor, aunque a largo plazo, y ahí está la ganancia del banco, el volumen de intereses generado para la entidad se ve incrementado de manera importante.

En este sentido sorprende que no haya más entidades que hayan apostado por esta alternativa de fefinanciación de deuda como una alternativa real a la ejecución hipotecaria, y no hace sino hacer hincapié en la escasa flexibilidad de las entidades financieras españolas que, en un momento de imposibilidad de venta de los inmuebles ejecutados, han seguido prefiriendo ejecutar a renegociar.

La empresa inmobiliaria Colonial ha anunciado que seguramente se verá obligada a refinanciar de nuevo su deuda, a poco que la situación económica nacional e internacional se mantenga en los mismos niveles, y la empresa se muestre incapaz de obtener la liquidez necesaria como para hacer frente a los pagos que se le vienen encima.

Una refinanciación que colocaría a la compañía en una situación harto complicada, ya que de cara a sus accionistas habría fracasado, una vez más, en su voluntad de intentar capear el temporal y tendría muy difícil el poder defender la gestión ante sus accionistas, con lo que habría peligro de quiebra técnica.

Recordemos que en 2010 ya refinanció un total de 3.314 millones de euros de deuda acumulada por sus actividades inmobiliarias, la cuál se vió incrementada por encima de los 4.000 millones de euros al añadir la deuda acumulada de sus filiales, también en el sector inmobiliario y en la construcción y gestión de centros comerciales.

La refinanciación, a pesar de ser una buena solución en el corto plazo, provoca cierta inestabilidad en el conjunto de la gestión de la compañía que queda a merced de especuladores y de los juegos cortoplacistas del mercado, ya que éstos intentan aprovechar el vacío legal que provoca una refinanciación para sacar su propia ventaja.

En definitiva, nos encontramos con que las grandes empresas inmobiliarias españolas no pueden hacer frente a las deudas contraídas y que la falta de recuperación del sector no hace sino perpetuar la situación de manera indefinida, y sin que parezca que pueda haber una solución plausible en breve.

El futuro de la reunificación de deudas en España es realmente negro, al menos en el corto-medio plazo, ya que nos encontraremos con una sector financiero en pleno proceso de reestructuración que se encuentra inmerso en sus propias polémicas internas, y que parece que no tiene posibilidad de enmienda, más allá de intentar pasar la criba de solvencia del BCE esta próxima primavera.

El principal problema, como ya hemos hablado en repetidas ocasiones, es que para que se pueda producir un proceso de reunificación de deudas se necesita que exista crédito, y más concretamente, que exista crédito hipotecario, por lo que sin esa posibilidad no se puede plantear la opción de la reunificación.

Recordemos que un proceso de reunificación de deudas implica colocar bajo el mismo paraguas de una hipoteca todos los créditos personales acumulados, de manera que se consigue obtener un tipo de interés más bajo y un plazo de amortización más alargado, obteniendo así un desahogo importante para las economías familiares.

En cualquier caso, en 2011 desaparecieron la mayoría de las entidades financieras que se dedicaban de lleno a la reunificación de deudas, y todo quedó en manos de las entidades tradicionales, más preocupadas por sus beneficios con otros servicios de menor riesgo que por la concesión de hipotecas.

Y es que la crisis del ladrillo, y, por extensión, de todo el sistema financiero, ha provocado que las entidades cambien sus prioridades y no quieran acumular más pasivo en sus balances.

Si algo ha demostrado la presente crisis es que nadie entiende a los mercados, y así ha quedado claro tras la decisión del gobierno de la pasada semana de incrementar la carga fiscal sobre los contribuyentes españoles y ahondar en la austeridad de las administraciones públicas, a lo que sumó el anuncio de esta misma semana de que ésto sólo es el principio.

Pues ni así. La prima de riesgo, lejos de relajarse se ha visto incrementada de manera importante en la jornada de ayer y hace pensar que los mercados se mueven por cuestiones ajenas al sentido común, más preocupados por obtener su ventaja en el corto plazo que por seguir las indicaciones reales del medio-largo plazo.

Aún así, el gobierno de Rajoy sigue apostando claramente por profundizar en su capacidad de incrementar la austeridad de las administraciones públicas, convencidos como están de que este es el único camino que logrará calmar a los mercados a poco que se empiece a equilibrar la situación.

Así, las Comunidades Autónomas congelarán en gran medida sus políticas sociales y las subvenciones concedidas a los empresarios se limitarán hasta límites insospechados, lo que provocará una ralentización del crecimiento, no hay duda, con la compensación relativa de permitir que la prima de riesgo pueda verse estabilizada.

El gran objetivo del gobierno, por otro lado, es lograr que las entidades financieras comiencen a dar crédito a las empresas y particulares, porque ésta es la única manera de ofrecer una alternativa real que pueda llegar a potenciar el crecimiento, verdadero talón de aquiles de la economía europea.

A pesar de los arduos esfuerzos del gobierno de Zapatero por evitar que España cerrara el 2011 con un ingente déficit, lo cierto es que nos encontramos con que por culpa de las Comunidades Autónomas nos vamos a encontrar con un porcentaje cercano al 8%, lo cuál ha hecho saltar las alarmas en el seno del Gobierno de Rajoy y ha provocado el tremendo incremento de impuestos del que hemos sido víctimas esta semana.

¿Qué podemos esperar en los próximos meses?

A juzgar por las intenciones de los diferentes Ministros que han ido hablando en las últimas semanas, todo apunta a que nos encontraremos con medidas aún más duras, especialmente una vez que se celebren las elecciones andaluzas que parecen ser el único anclaje que tiene de momento la capacidad recortadora del gobierno.

Si en el pasado Consejo de Ministros ya asistimos a un incremento inexorable de los impuestos sobre la renta, es de prever que las nuevas medidas vayan en esta misma dirección, intentando conseguir recortar de manera voluntaria antes de que nos obliguen a ello los gobiernos europeos, principalmente el alemán.

El problema como muchos sectores sociales han denunciado, es que no se produce la misma intención de austeridad y de recortes cuando se trata de conseguir que las rentas del capital coticen más a las arcas públicas, por el sempiterno temor a que ello provoque la huída de capitales.

El Consejo de Ministros del nuevo Gobierno del Partido Popular inició ayer la marcha de reformas fiscales para reducir el déficit que tenía previstas y que ya había planteado durante la campaña electoral y el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, aunque, eso sí, incumplió una gran parte de sus promesas electorales al anunciar subida de impuestos.

Y es que Rajoy había insistido, por activa y por pasiva, que su Gobierno no subiría los impuestos bajo ninguna circunstancia, a pesar del tremendo esfuerzo que el país tendría que realizar para conseguir ajustar el déficit público a las exigencias de la Unión Europea para finales de 2013.

Pero no sólo ha procedido a realizar una subida de impuestos, sino también ha cortado tajantemente los gastos de las administraciones públicas, ya que ha reducido de manera drástica, en casi 9.000 millones, el gasto al que podrán acceder los diferentes ministerio durante el año que viene.

Un ajuste, en definitiva, duro y que no sufríamos en nuestra democracia desde 1975, y que viene a certificar el estado de las cuentas públicas españolas, pero un ajuste que deberá de verse concretado en los próximos presupuestos que el Gobierno debe de aprobar sobre el mes de marzo, ya que por el momento seguirá trabajando con los mismos presupuestos del Gobierno anterior.

 Una forma dura de comenzar el año 2012, no hay duda, y que marcará el comportamiento de las administraciones públicas a lo largo de todo el año.