Blog de Reunificación y Deudas

A pesar de las medidas que se han venido tomando en el entorno económico-financiero español, lo cierto es que no parece que nada esté funcionando, por lo que se están exigiendo medidas más ambiciosas que puedan liberar, de una vez por todas, el crédito en nuestro país, de manera que se produzca una inyección de liquidez necesaria para iniciar procesos de inversión que puedan ayudar a regenerar la economía.

Y entre esas medidas la que más enteros va ganando es la creación de un banco malo, un banco al que enviar todos los productos tóxicos y que se limitara a liberarse de ellos sin tener actividad comercializadora que le pudiera penalizar a la hora de tomar medidas destinadas únicamente a la ganancia de sostenibilidad en el medio-largo plazo.

Ello permitiría que los bancos que se deshicieran de sus activos tóxicos quedaran liberados de estas obligaciones y se pudieran limitar a comercializar sus productos a unas tarifas eficientes y competitivas, con lo que la liquidez llegaría por fin a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, ello condenaría a una entidad al desastre, ya que el banco que fuera elegido para soportar todos los productos tóxicos quedaría eliminado de la competencia para el futuro. En este sentido, los expertos apuestan por utilizar alguna de las entidades que ya han sido intervenidas.

El principal problema de la economía española sigue siendo la deuda privada acumulada por los particulares, las pequeñas y medianas empresas, y las entidades financieras, más allá de la deuda pública que, aunque importante, todavía es capaz de seguir aguantando el chaparrón durante muchos meses.

Y es que durante los años de burbuja inmobiliaria los desmanes que se cometieron por parte del sector privado de este país fueron de tal magnitud que ahora que nos vienen maldadas estamos sufriendo las consecuencias hasta niveles insospechados, y lo que es peor, insostenibles.

Por ello, a pesar de los ímprovos esfuerzos que siguen realizando las administraciones públicas por dotarse de confianza ante los mercados internacionales, se sigue chocando una y otra vez contra el muro infranqueable de la deuda privada que sigue apostando firmemente en su contra.

En este sentido, una recuperación del empleo parece una cuestión fundamental para comenzar a pensar seriamente en una recuperación generalizada de la economía, partiendo por el crédito, que ante el descenso de la tasa de morosidad y a la pérdida de parte del endeudamientos, nos encontraremos con una recuperación más que plausible.

Llevamos dos jornadas consecuentivas de vivir en el precipicio, con la prima de riesgo de la deuda española a unos valores insostenibles en el medio-largo plazo, y sobreviviendo gracias a la intervención del Banco Central Europeo, sin la cuál en estos momentos podríamos estar hablando de intervención por parte de la Unión Europea.

 ¿Cómo ha intervenido el Banco Central Europeo?

 Pues de una manera tan sencilla como comprando deuda de los países en problemas en general, y de España en particular. Esta práctica que podría resolver todos los problemas que se están ocasionando en la zona Euro, no es generalizada en el BCE porque excede los mandatos de sus estatutos.

Y ahí radica principalmente el principal problema y la solución para la crisis. Bastaría con que los países miembros de la zona Euro se pusieran de acuerdo en modificar los estatuos del BCE, otorgándole una mayor capacidad ejecutiva y posibilidad de incidir en la economía de manera directa, para que la crisis pasara a mejor vida.

Sin embargo, la pérdida de poder es una cuestión tabú a todos los efectos y son pocos los gobernantes que están realmente dispuestos a regalar parte del poder obtenido, aunque sea por algo beneficioso para el conjunto de la sociedad. Ese es el tipo de gobernantes que nos asolan.

El Tesoro Público español ha conseguido colocar toda su deuda en la subasta celebrada en el día de ayer, pero lo ha tenido que hacer a un tipo de interés del 7%, un récord histórico para la deuda española, y que la hace insostenible para el medio-largo plazo, lo cuál ha hecho saltar todas las alarmas.

Con cifras en estos niveles el rescate es una alternativa que se encuentra cada vez más cerca, ya que otros países, como Grecia o Irlanda, ya fueron rescatados con un tipo de interés para su deuda inferior a estos niveles que está pagando ahora el Tesoro española, por lo que los analistas se temen lo peor.

Sin embargo, el Gobierno español sigue creyendo que estos altos volúmenes de tipo de interés para la deuda vienen propiciados por los problemas que está teniendo Italia, y que una vez que la situación del país transalpino se estabilice nos encontraremos con unos volúmenes más acordes con la realidad de nuestra economía.

 Por otro lado sigue viva la idea de que el cambio de gobierno permitirá una recuperación de la credibilidad de nuestro país y de la confianza de los mercados en el pago de la deuda por parte de nuestra administración central. El problema es si seremos capaces de aguantar hasta entonces.

La deuda europea sigue claramente en la UVI, y sin que parezca que pueda encontrar una solución en un futuro cercano, al menos a juzgar por la reacción que han tenido los mercados ante los cambios de gobierno que se han producido tanto en Italia como en Grecia, prácticamente ignorándolos y siguiendo presionando al alza la prima de riesgo de la deuda de estos Estados, así como de los de alrededor.

 Y es que la prima de riesgo de la deuda de los Estados es un factor de estabilidad fundamental, ya que determina en gran medida la cantidad de dinero que los ciudadanos tienen que destinar a pagar el endeudamiento de sus estados, con lo que los servicios sociales se ven, en muchas ocasiones, determinados por esta prima de riesgo.

Pero el principal problema no es ya tanto el crecimiento de la prima de riesgo, sino más el hecho de que nadie parece tener una solución ante ello, ni en el corto, ni el medio, ni en el largo plazo, y ello está provocando que los mercados sigan campando a sus anchas mientras Europa es incapaz de imponer una solución.

Los expertos apuntan a una mayor integración y a dotar al Banco Central Europeo de una mayor capacidad ejecutiva, de manera que pueda tomar decisiones económicas concluyentes en momentos determinados y sacar adelante las reformas estructurales sin esperar a que tediosas reuniones burocráticas eliminen su funcionalidad y eficacia.

Es evidente que la lucha contra el fraude fiscal y las deudas contraídas con la Agencia Tributaria son una de las prioridades de cualquier gobierno en cualquier momento, pero más en una situación de crisis económica que provoca la necesidad de incrementar los ingresos del Estado de cualquier forma.

 Por ello, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un sistema de cobro de deudas telefónicas que servirá para facilitar los trámites a los contribuyentes y garantizar el cobro más rápido y eficaz de la deuda, evitando así que ésta se vaya diluyendo entre los filamentos del tiempo.

Una vez que el contribuyente reciba la carta de deuda emitida por la delegación de la Agencia Tributaria pertinente, éste podrá ponerse en contacto con la misma vía telefónica y facilitar un número de cuenta para que se produzca el pago de la misma, sin necesidad de trámites posteriores.

Este tipo de pagos estarán disponibles para deudas inferiores a los 18.000 euros, lo que supone el 91% de las deudas que tiene la Agencia Tributaria por cobrar. Así, con estos ingresos, el Estado espera iniciar un proceso de recuperación de los ingresos y de lucha general contra el fraude.

Según las cuentas que ha presentado la propia entidad, Telefónica afrontará durante los próximos seis años vencimientos de deuda acumulados de hasta 7.000 millones de euros cada año, que tendrán que ser afrontados a partir del volumen de negocio generado por la compañía de telecomunicaciones.

¿Cómo afectará al balance de la compañía?

En principio, no se debería de producir un incremento de los costes financieros de Telefónica, porque durante los últimos años se ha venido fortaleciendo gracias al fondo de cobertura que ha ido acumulando ante la tesitura que se les venía encima, con lo que en estos momentos se encuentra en buena disposición para afrontar el futuro.

Sin embargo, desde Telefónica se espera que en uno o dos años la situación comience a cambiar y se inicie un proceso que pueda ayudar a la recuperación económica definitiva a todos los niveles y con ello las empresas que operan en nuestro país puedan iniciar una senda alcista.

Con esta senda se recuperará el volumen de negocio previo y se podrán pagar las deudas acumuladas sin necesidad de tener que acudir a procesos de refinanciación de deuda, de los que, en principio, Telefónica quiere huir antes de que los intereses generados puedan comerse los beneficios.

La cánciller alemana, Angela Merkel, ha declarado tras la reunión del G-20 de este pasado fin de semana que Europa necesitará de, al menos, diez años para conseguir salir de la actual crisis de deuda en la que se encuentra y comenzar de nuevo la senda de la recuperación y los parámetros previos a la crisis.

 ¿En qué se basa Angela Merkel?

Según sus cálculos la destrucción de riqueza dentro de la zona Euro ha sido de tal importancia que no se pueden plantear una recuperación anterior, y más si tenemos en cuenta la deuda que siguen acumulando las naciones que conforman la zona Euro, y que está lastrando cualquier intento de inicio de recuperación.

Y es precisamente la deuda la principal causante de esta situación insostenible, ya que Merkel considera que la deuda se ha ido acumulando durante años y años, por lo que plantearse una salida inmediata es un absurdo, y Europa debe plantearse una salida paulatina, si no quiere condenarse de manera definitiva.

Con una situación de este tipo nos encontraríamos con una crisis más o menos estable hasta el año 2022, con lo que ello supone para el conjunto de los ciudadanos, que tendrán que seguir sufriendo las consecuencias que están golpeando sus economías de manera constante durante todos estos meses de atrás.

Las grandes empresas españolas se encuentran en una fase crucial para su supervivencia económica y financiera, ya que en breve se cumplen los plazos para la gran mayoría de sus deudas, por lo que se ven en la obligación de encontrar una refinanciación para las mismas de manera inminente.

Con esta refinanciación las empresas españolas conseguirían ampliar el plazo de sus deudas, con lo que no tendrían que afrontar el pago de la totalidad de las mismas, en el caso de pago completo, o bien reducirían las mensualidades a pagar por cada una de ellas en el caso de esta modalidad de pago.

El problema es que las entidades financieras no se encuentran muy por la labor de conceder beneficios a ningún tipo de empresa, y prefieren guardar su liquidez, y más en estos momentos de reorganización del sector y de acumulación de reservas para hacer frente a los nuevos requisitos del Banco Central Europeo.

Por ello se plantea un final de año realmente apasionante, con las empresas buscando financiación desesperadamente, y las entidades financieras guardando el dinero líquido que tienen a la espera de tiempos mejores en los que poder volver a pensar en hacer dinero de manera habitual.

Hoy hemos conocido la sentencia a un vecino valenciano que utilizó la reunificación de deudas como excusa para organizar un fraude concertado sobre su propio cliente, ya que él era gestor de refinanciación y reunificación de deudas, y aprovechó esta circunstancia para sacar beneficio de ellos.

¿Qué es lo que hizo?

Su cliente le contrató para que le gestionara una reunificación de deudas que nunca se llegó a realizar, o al menos el cliente no vio el dinero. El condenado solicitó a su cliente plenos poderes notariales para poder tomar préstamos en su nombre y cuando los obtuvo se dedicó a solicitar préstamos personales.

Para garantizar estos préstamos personales utilizó diferentes hipotecas sobre la vivienda que estaba a nombre de su cliente, sin que éste se beneficiara posteriormente de la reducción de cuota, sino que, al contrario, se vio en la obligación de tener que seguir pagando una cuota mayor, hasta que llegó a perder la vivienda.

 El total del dinero estafado fue de 50.000 euros y el condenado ha aceptado una pena de dos años de prisión, que no cumplirá por no tener antecedentes penales.