La nueva Ley de Cajas gallegas se ha convertido en un verdadero asunto de Estado, que enfrenta a la administración regional contra el Gobierno central. Esta normativa entró en vigor durante la primera semana de enero, con el objetivo de crear un marco legal para la reestructuración del sistema financiero.

Pero al Ejecutivo no le gusto nada esta medida y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció esta semana que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, porque consideran que la promulgación de esta ley va más allá de las competencias de la Comunidad Autónoma a la hora de determinar la solvencia y naturaleza de las entidades de crédito. “Además, esta normativa no se ajusta a la legislación básica estatal sobre organismos de representación”, añadió De la Vega.

Un conflicto que tiene varios frentes abiertos. Paralelamente, la Xunta de Galicia prevé recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el caso de que el Ejecutivo y el Banco de España le nieguen la fusión de sus dos principales cajas de ahorros: Caixa Galicia y Caixanova.

Y, por su parte, el Gobierno mueve fichas; ya que solicitó al Consejo de Estado un análisis de la Ley de Cajas gallegas para buscar indicios de ilegalidad que le sirvan para recurrir la norma ante la Justicia. Lo que buscan los expertos de la entidad son preceptos que choquen directamente con la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.

Así, las declaraciones cruzadas entre los representantes de los poderes regionales y centrales se multiplicaron. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, declaró que el único acto inconstitucional que se va a cometer es la presentación de un recurso contra la normativa gallega. Por su parte, la ministra de Economía, Elena Salgado, advirtió que los puntos dudosos son muchos más en este caso que los que provocaron el recurso contra la legislación de cajas madrileña.