La restricción crediticia impulsada por las entidades financieras es evidente. Muchas personas ven como los bancos y cajas de ahorros echan para atrás su solicitud de préstamo; lo que preocupa a las administraciones, ya que saben que la recuperación de la actividad económica española pasa obligatoriamente por la reactivación del mercado inmobiliario.

Por ello, el Gobierno impulsó la creación de la figura conocida como intermediador financiero. Un instrumento que serviría de mediador entre las entidades y los clientes que hubieran sufrido el rechazo de su petición de hipoteca. Una iniciativa que retomó esta semana la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, que incluyó dentro del Plan de Vivienda 2010-2014 la aparición de un servicio de asesoramiento dirigido a aquellos ciudadanos con dificultades para afrontar el pago de sus créditos.

El proyecto de la Generalitat supone la apertura de una oficina (que se conocerá con el nombre de Ofideute), en la cual sus trabajadores se centrarán principalmente en renegociar los créditos hipotecarios denegados por las entidades o aquellos que resultan imposibles de pagar a las familias debido a su pérdida de poder adquisitivo. Así, los empleados de esta nueva entidad gestionarán moratorias, ayudas e incluso darán cosejos de carácter jurídico.

Paralelamente, la administración de la Comunidad Autónoma aprobó el resto del Plan de Vivienda, que prevé la construcción de más de 15.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y la rehabilitación de más de 60.000 inmuebles. Además, desde el poder regional se destinarán más de 188 millones de euros a las subvenciones concedidas para el alquiler de casas (de las que se beneficiarán unas 62.000 personas, un 35% más que en 2008, cuando el importe se emplazó en los 134 millones de euros).

Según los últimos informes de la Generalitat, el 60% de los pisos construidos durante el 2009 fueron VPO y el 42% de éstas fueron de alquiler.