Una de las mayores criticas que se hace a las administraciones es su elevado gasto. Por ello, en plena crisis económica, el Gobierno quiere lavar la imagen de los poderes públicos y presentó esta semana un plan de austeridad que pretende recortar el gasto estatal en 40.000 millones de euros hasta 2013. Una medida que será complementada con una inicativa similar de 10.000 millones de euros en el caso de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

El proyecto anunciado por la ministra de Economía, Elena Salgado, incluye una contención de los desembolsos de las administraciones equivalente a 8,4 puntos del Producto Interior Bruto (PIB), para cumplir así con el denominado Plan de Estabilidad. Además, el Ejecutivo se comprometió a reducir el déficit hasta el 3%.

Este proyecto entrará en vigor inmediatamente, con una medida muy llamativa: el acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones de euros (adoptado tan sólo un mes después de que se concretaran los Presupuestos Generales del Estado). Un plan que no afectará igual a todos los sectores; ya que se algunos ámbitos no sufrirán estos recortes: educación, sanidad, I+D+i o dependencia.

Por su parte, las inversiones en infraestructuras y el gasto en personal serán las secciones más perjudicadas. Así, por ejemplo, la oferta de empleo público se reducirá al 10% de la tasa de reposición y, además, no se contratarán nuevos interinos. “Los gobiernos regionales entenderán que este modelo tiene un carácter estructural, mientras que el esfuerzo que ahora se les pide para reducir el gasto es coyuntural”, insistió Salgado.

Y es que los expertos pronostican que España cerrará el 2010 con una deuda pública cercana al 60% del PIB. Un porcentaje que no se reducirá a corto plazo; puesto que durante el 2011 y el 2012 se elevará progresivamente hasta emplazarse en el 74%, según las previsiones del Ministerio de Economía.