Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) están sufriendo los efectos severos de la crisis. El parón de la actividad económica, el aumento del ahorro y la caída del consumo ha perjudicado gravemente a los resultados de este grupo; ya que muchas compañías han terminado desapareciendo. Además, la restricción crediticia impulsada desde las cajas de ahorros y bancos agrava aún más esta realidad.

Una situación que confirman los datos, ya que el 76% de las Pymes españolas acudieron entre octubre y diciembre a alguna entidad financiera en busca de financiación. Así lo confirma un estudio elaborado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercios (“Encuesta sobre el acceso a la financiación ajena”).

Pero la cuestión no se queda ahí. El 84,5% de las Pequeñas y Medianas Empresas (más de 1.068.000 sociedades) que buscaron la obtención de recursos externos tuvieron problemas a la hora de acceder a la financiación. Un porcentaje más elevado que el registrado a principios de enero, cuando se emplazó en el 83,0%; y superior también que la media nacional, situada en el 83,6%.

Además, del montante total de compañías que encontraron problemas para acceder a la financiación, un 14% no obtuvo finalmente la aprobación de las cajas de ahorros o de los bancos. Esto supone que más de 136.000 empresas fueron incapaces de acceder a recursos externos, vitales en muchos casos para su propia supervivencia.

Ante tal realidad, las administraciones están tratando de impulsar las medidas necesarias para solucionar el problema. Una de las iniciativas fue la aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que creó la figura del Facilitador Financiero. Este personaje tiene por objetivo fundamental el ayudar a los autónomos y a las Pymes en las negociaciones con sus entidades financieras; y entre sus funciones destaca: mejorar la comunicación entre la empresa y el sector bancario; el asesoramiento en la tramitación de un crédito o la revisión de los préstamos denegados.