La recesión económica está poniendo a prueba al Estado de las autonomías. Las administraciones regionales se encuentran actualmente con el agua al cuello: con las arcas vacías y la incapacidad de reducir su volumen de gastos. Una situación que desembocará en graves problemas económicos, si los poderes públicos no saben lidiar correctamente en los próximos años con una realidad marcada por el alto déficit.

De hecho, las agencias de calificación Fitch y Standard & Poor’s coinciden en que la restructuración del sistema financiero no va a poder compensar la gran caída de la recaudación (más de un 20% de media a nivel nacional en 2009). A pesar de que el panorama no es nada alentador, el Congreso de los Diputados echó esta semana una mano a los gobiernos autonómicos: podrán ampliar su deuda pública y solicitar un mayor número de créditos.

La iniciativa permitirá a partir de ahora solicitar préstamos por periodos superiores a un año (y no para más de un lustro). Pero estas peticiones no pueden ser solicitadas indiscriminadamente, sino que en el propio proyecto se señala que “éstas deben responder a circunstancias económicas extraordinarias y deben servir para garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales”.

De esta forma se modifica la situación actual, ya que estas operaciones de créditos especiales sólo se permitían si tenían por finalidad inversiones productivas con el 0,25% de déficit adicional que permitía el Plan de Estabilidad.

Con esta medida se continúa la tendencia ya iniciada por el Ejecutivo el pasado verano, cuando permitió a las Comunidades Autónomas incurrir en un déficit del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2010. Una opción que han apurado la mayoría de regiones, arribando a una situación realmente insostenible: los ingresos corrientes de la CCAA caerán un 8,27% en 2010, pero los gastos autonómicos se incrementarán un 2,4%.