La dificultad de las empresas para encontrar financiación se ha convertido ya en un problema de suma importancia para el Gobierno. La actividad económica no podrá reactivarse si las compañías no logran préstamos debido a la restricción crediticia impulsada desde las entidades financieras.

Para poner fin al problema, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció esta semana un proyecto a través del cual reordenará todos los planes de la agencia financiera estatal para que los préstamos lleguen de manera más fluida a las empresas y a las familias. Una iniciativa que se plasma en la modificación de las grandes cinco líneas de actuación de la entidad, que quedan así: inversión nacional, internacional, liquidez, vivienda y emprendedores.

Este plan cuenta con una dotación de más de 43.100 millones de euros, destinados principalmente a facilitar el crecimiento empresarial del país (en retroceso desde el inicio de la recesión). Además, como novedad, se incluye la creación de la figura del facilitador financiero.

El principal objetivo es que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) consigan liquidez cuando la necesiten. Y, para ello, se firmó un convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda y una decena de entidades financieras (Santander, La Caixa, Caja de Ahorros del Mediterráneo, BBVA, Banesto, Ibercaja, Bancaja, Banco Popular, Banco Sabadell y Caja Madrid).

“Estos bancos y cajas suponen el 70% de las operaciones del ICO en 2009, por lo que se puede decir que son nuestros colaboradores más importantes”, expuso la titular de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Una de las líneas más importantes es la de inversión nacional, donde se aúnan las partidas correspondientes a la financiación a las Pymes y las destinadas a impulsar el crecimiento empresarial. Ésta se encuentra dotada con más de 8.000 millones de euros y contempla recursos para invertir en activos fijos productivos.