Los hogares están sucumbiendo poco a poco a la crisis. Una situación que se volverá aún más delicada de continuar el crecimiento de la tasa de paro y la inestabilidad laboral. La recesión es tan grave para algunas familias, que los datos que se van publicando a lo largo y ancho del territorio nacional son escalofriantes.

Los últimos los dio a conocer esta semana en un informe los Servicios Comunes de Notificaciones de los juzgados de la provincia de Alicante, que cifró en 20.000 los ciudadanos de la región que habían sufrido embargos en 2009. Una cifra elevadísima y que supone un aumento del 30% en comparación con el año anterior, cuando sólo se produjeron poco más de 15.463.

Este montante responde a varios factores.  Por un lado, al aumento de los embargos judiciales, que se establecieron en 12.500 a lo largo del año y que corresponden a particulares o empresarios que son incapaces de reembolsar a los bancos los préstamos que obtuvieron. Por otra parte, habría que sumar las más de 7.000 ejecucioneshipotecarias tramitadas en 2009 (con una media mensual de 597), según el Consejo General del Poder Judicial.

Las razones de esta coyuntura están muy claras: la morosidad con las entidades financieras y la imposibilidad de las familias y empresas de afrontar el pago de sus deudas. Una realidad que se ceba especialmente con los hogares, puesto que las notificaciones de embargo se han multiplicado notablemente en este secotor: en 2009 fueron más de 3.000, lo que supera las 2.198 del año precedente y las 1.661 de 2007. Un crecimiento muy rápido.

La mayor parte de los bienes embargados son viviendas, que posteriormente saldrán a subasta pública. En los casos en los que los deudores no disponían de estas propiedades o los montantes a reembolsar eran más pequeños, también se recurrió a vehículos, a una parte del sueldo o a los importes a devolver por Hacienda.