La reforma del sistema financiero español se está limitando, por ahora, a los procesos de integración protagonizados por las cajas de ahorros. Unas iniciativas que muchos expertos consideran insuficientes, pues creen que la crisis económica debería llevar a los mandatarios a impulsar una modificación absoluta del sistema actual. A pesar de ello, las administraciones se han decidido por las fusiones, que se repiten a lo largo y ancho del territorio nacional: Andalucía, Cataluña, Castilla y León, etc.

Estas anexiones cuentan, en la mayoría de los casos, con el apoyo financiero proporcionado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero dicho organismo, que facilitará a las cajas de ahorros una cantidad de dinero que les permita sacar adelante sus fusiones, aún no ha obtenido el visto bueno de la Unión Europea (UE).

Bruselas fue retrasando progresivamente la decisión y, ahora, la comisaria europea de Competencia, Neeelie Kroes, ha marcado definitivamente el 31 de enero como fecha límite para pronunciarse al respecto. Una resolución que traerá cola en el caso de ser negativa, ya que el Gobierno y el Banco de España consideran al FROB como un instrumento básico para la reestructuración de las cajas de ahorros.

Kroes quiere dejar zanjada esta cuestión antes de abandonar su cartera para entregársela a su futuro sucesor, el socialista Joaquín Almunia, actual comisario de Asuntos Económicos y Monetarios. La actual titular de Competencia abandonará este puesto, pero seguirá en la Comisión Europea como comisaria de Telecomunicaciones.

Por su parte, el Ejecutivo se muestra muy impaciente ante el retraso de la decisión. De hecho, Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda, ya expresó su deseo de que antes de Navidad se cerrara el caso FROB. Un plazo que en Bruselas consideraron insuficiente y donde, además, echaron la culpa al Gobierno español: “La Comisión Europea está acelerando los trámites, pero el Ejecutivo no sigue el ritmo adecuado a la hora de facilitar la información necesaria”.