La crisis está afectando mucho a la administración pública, que ve como sus arcas se vacían a un ritmo endiablado y no encuentra las medidas necesarias para poner fin a este desbarajuste. De hecho, puede que sean los Ayuntamientos los más perjudicados; ya que el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó que muchos de los proyectos previstos se paralizarán o directamente se anularan. Una coyuntura que provocó que se dejarán de ingresar miles de euros que se había previsto obtener, como en años precedentes.

Con el sector del ladrillo paralizado, los Ayuntamientos han visto como su principal fuente de ingresos se congelaba a la espera de tiempos mejores. Y, mientras tanto, las arcas públicas seguían gastando al mismo ritmo que en épocas de bonanza. Las administraciones se endeudaron para peder mantener los mismos servicios y ahora, tres años después del comienzo de la recesión, es cuando hay que hacer frente a los correspondientes reembolsos.

Una deuda que no es nada desdeñable y que afecta directamente a la población, puesto que ellos serán finalmente los que tendrán que afrontar los pagos de una forma u otra. De hecho, algunos datos publicados al respecto son muy llamativos: para poder saldar la deuda que los Ayuntamientos valencianos tienen con sus entidades financieras, cada ciudadano de la región debería pagar 500 euros a los bancos.

Una cantidad que es muy superior en otras Comunidades Autónomas, como Madrid, Cataluña, Aragón, Ceuta y Melilla; según los datos de deuda viva hechos públicos por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Una situación que no va a mejorar en los próximo meses, según las previsiones de los consistorios; ya que se espera que el fondo de compensación regional se reduzca un 20% en el siguiente ejercicio. Por ello, los Ayuntamientos piden ahora con urgencia medidas estatales para ayudar a la financiación local.