La restricción crediticia impulsada por las entidades financieras está siendo un verdadero problema para el sector; aunque algunas personas encuentran en esta coyuntura un nicho de negocio. En este caso concreto, ilegal. La Policía detuvo esta semana en Málaga a más de 37 ciudadanos implicados presuntamente en una trama de estafa a bancos y cajas de ahorros.

Una empresa se encargaba de gestionar los documentos necesarios para que, aquellos clientes que habían sido rechazados en la concesión de un crédito, fueran ahora aceptados. En realidad, esta compañía falsificaba supuestamente la documentación de los solicitantes, de tal forma que las entidades financieras no pusieran ahora reparos y les otorgaran un préstamo. A cambio, recibían una comisión.

A través de este método, según la Policía, se habrían estafado más de tres millones de euros a diferentes bancos. Una extensa red que empezó a investigarse tras llegar a los agentes la información de que se podrían estar llevando a cabo estafas masivas a entidades financieras.

La operación policial, denominada “Liebre” (un nombre derivado de la hipótesis de que a los bancos les habían dado gato por liebre), terminó con la detención de 37 personas. Entre ellos, se encontraban los socios y empleados de la filial de una empresa dedicada a refinanciar deudas; pero también los propios beneficiarios de los préstamos. Los investigadores tienen que determinar ahora el grado de connivencia de cada uno de los clientes que obtenían créditos en la presunta estafa.

La organización habría utilizado dos sistemas diferentes para desarrollar su actividad. En unos casos, los líderes de la trama se valían de personas con escasos recursos económicos, a las que ofrecían la posibilidad de obtener un préstamo personal a cambio de una importante comisión por tramitar la operación. La segunda modalidad consistía en captar a clientes que necesitaban un crédito hipotecario, cuyas solicitudes habían sido rechazadas por varias entidades financieras, y falsificar su documentación.