El tiempo apremia cuando hablamos de paliar los efectos de la coyuntura económica. Uno de ellos, la falta de crédito, se ha convertido en una de las consecuencias más graves de la crisis: las Pymes no consiguen dinero para potenciar su reactivación. Los bancos aumentaron los requisitos para la concesión de un crédito y, por ello, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto.

La medida impulsada por el Ejecutivo consiste en la creación de una nueva figura intermediaria entre las empresas y las entidades financieras. Nace el Facilitador de créditos. Un asesor que se encargará de trabajar con las compañías para elaborar unas solicitudes de crédito más atractivas para la banca, con el fin de que ésta le eche más cuenta a las peticiones presentadas por las sociedades.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es la institución encargada de poner en marcha esta iniciativa. Específicamente, las Cámaras de Comercio contratarán a los asesores y el Estado pagará sus sueldos. Un proyecto que también le supondrá a los bancos y cajas de ahorros un coste adicional, puesto que estos consejeros se instalarán en sus oficinas. El empresario también podrá contactar con ellos a través de teléfono o por internet.

El Ejecutivo, que espera recibir más de 200.000 solicitudes, anunció que los Facilitadores analizarán préstamos de hasta dos millones de euros. A pesar de ello, esta medida no garantiza que los créditos lleguen finalmente a las Pymes. “El objetivo es darle a los empresarios una nueva oportunidad, ya que en la mayor parte de los casos los autónomos ven rechazadas sus solicitudes sin que se estudien detenidamente”, subrayó la ministra de Economía, Elena Salgado.

Un proyecto que puede convertirse en un arma de doble filo para el Gobierno si no consiguen resultados inmediatos; ya que el coste anual del plan será de diez millones de euros. Además, su duración está prevista hasta el 2012.