La solvencia de los ayuntamientos es uno de los grandes problemas que ha provocado la crisis. Las deudas se amontonan y las arcas públicas de las entidades locales se vacían a un ritmo frenético. Ante tal situación, las administraciones están echando mano de todo el dinero que llega y la financiación estatal es el instrumento más recurrente.

Los datos publicados al respecto por la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) son muy reveladores. El 5,4% de los ayuntamientos españoles (438 de los 8.110 que hay en total) hizo uso de la financiación del Estado para poder salvar las deudas contraídas con empresas y autónomos. Un porcentaje que puede parecer pequeño, pero que en algunas regiones se eleva hasta tasas insospechadas.

Es el caso de Murcia uno de los más relevantes, ya que es quizá la Comunidad Autónoma que más está acusando la crisis en este contexto. Un hecho que se demuestra al contemplar que el 24,4% (11 de las 45) de sus entidades locales emplearon las subvenciones estatales.

El número de ayuntamientos que están echando mano del dinero proveniente de la Administración Central también es bastante elevado en las Islas Baleares (23,9%), Madrid (19%), Canarias (18,4%), Andalucía (15,7%), Comunidad Valenciana (15,3%) y Galicia (10,8%).

Por su parte, el País Vasco y Navarra son las comunidades mejor situadas en este ámbito, ya que ninguna de sus entidades locales solicitó financiación estatal para pagar sus deudas. En torno a la media nacional se posicionaron Asturias (6,4%) y Cantabria (5,9%). Por debajo están Extremadura (3,1%), Cataluña (2,7%), Castilla La Mancha (2,6%), Castilla y León (1,6%), Aragón (1,6%) y La Rioja (0,6%).

Con esta situación, la cantidad de deudas a la que los ayuntamientos han hecho frente asciende hasta los 2.322,8 millones de euros. Un montante irrisorio si se compara con los 30.000 millones de impagos acumulados por las administraciones locales españolas a autónomos y microempresas.