Los autónomos, empresas y ciudadanos no aguantan más los efectos de la crisis. La coyuntura económica disparó el número de peticiones de aplazamientos de deuda recibidas por Hacienda.

La Agencia Tributaria registró en los primeros siete meses del año más de 789.100 solicitudes para la concesión de una prórroga, impulsadas por 508.430 contribuyentes y por un valor de más de 10.900 millones de euros. Unas cifras alarmantes, ya que en todo el 2008 la entidad recibió 659.300 peticiones por un importe de 9.764 millones. Un contraste que pone el acento en la difícil situación económica que atraviesa la sociedad y que, por ahora, no muestra síntomas definitivos de recuperación.

Los datos de Hacienda reflejan además algunas realidades determinantes para comprender el contexto actual; ya que, del total de solicitudes, más de 310.000 corresponden a autónomos. La entidad también subrayó que una proporción mínima de las peticiones fueron realizadas por personas físicas que quieren prorrogar el pago de la Renta.

Pero no todos las propuestas serán aceptadas. El fisco anunció que los casos aprobados ronda actualmente el 60%, lo que supone más de 6.500 millones de euros en deudas. Un dato que aumentará en los últimos meses y que la entidad pública calcula que terminará alcanzando el 70%.

En un principio, estas prórrogas pueden parecer un gran inconveniente para la Agencia Tributaria. Lo cierto es que éstas se convierten en una fuente adicional de ingresos para la entidad, ya que el interés que se aplica sobre los aplazamientos es del 5,5%. Un porcentaje muy superior al de la banca comercial. De hecho, Hacienda ingresó en 2007 más de 160 millones de euros por estos conceptos, aunque el tipo aplicado ese año fue del 7%.

Las empresas también se benefician. Los retrasos en sus pagos, con un plazo medio de doce meses, les permiten aliviar los problemas de liquidez. Además, hasta 2008 la posibilidad de aplazar deudas con el fisco dependía de que la empresa pudiera presentar garantías y pruebas de viabilidad del negocio; pero desde octubre del pasado año, la Agencia Tributaria estableció medidas menos rígidas.