Los últimos años los hemos pasado criticando la duplicidad del gasto público, lo absurdo e inútil de las comunidades autónomas como entes propios y diferenciados del conjunto de un país y,  de pronto,  la financiación autonomica llena las páginas de la prensa escrita y se convierte en un tema del que todo el mundo habla.

La crisis y el dinero se han convertido en el concepto económico más utilizado, es por esto que,  financiación autonómica es un tema del que aún no se sabe mucho y del que se entiende aún menos, pero del que todo el mundo opina.

El resumen de la financiación autonómica aprobada en mitad de la crisis que mantiene a las autonomías con altos índices de morosidad y al estado con un déficit público que nos tendrá endeudados pagando impuestos altísimos que no redundarán en beneficios, podría ser más o menos el siguiente:

Las comunidades autónomas que más tienen más recibirán, las que más reciban deberán apoyar las medidas que adopte el gobierno.

Así los más pobres recibirán menos y tendrán menos derecho a opinar. Exclusión social, riquezas distintas y nada de reparto equitativo de recursos.

Lo cierto es que España deberá asumir más deudas para poder hacer frente al nuevo estatuto de financiación autonómica al que se ha comprometido.

La financiación autonómica aprobada sorprende y extraña viniendo de un gobierno “social” en el que la protección de la sociedad recae sobre el estado, en el que los recursos deben repartirse y no deben existir grandes diferencias entre “pobres y ricos”.

Los gobiernos socialistas deben fomentar y propiciar la generación y reparto equitativo de recursos y no las diferencias de clases y estatus en el que recibirá más quien más recaude y quien más apoye.

Un sorprendente estatuto de autonomía que viene en un momento en el que se necesita con urgencia que todos los actores que intervienen se unan en pos de la recaudación extrema de dinero para las arcas estatales, un momento en el que los augurios avecinan un déficit público igual al 90% del producto interior bruto y una deuda del estado por los próximos 40 años.

El gobierno no abaratará el despido, pero el plan para incrementar los impuestos y la duplicidad de impuestos de la mano de la financiación autonómica, supondrá un ahogo cada vez mayor para toda la sociedad.