El cierre de empresas pequeñas y el cese de actividad empresarial de los autónomos es una noticia que se repite día a día desde que la crisis comenzó.

Lo cierto es que la ausencia de financiación y la falta de productividad,  están destrozando al tejido empresarial español, víctima indiscutibles de esta crisis junto con las familias.

14 meses consecutivos de pérdida de afiliación al régimen de trabajadores de autónomos, un número cercano a 90.000 autónomos dados de baja desde diciembre de 2008 a los últimos datos conocidos el mes de junio.

Las pérdidas mayores se producen en Canarias, Valencia, Madrid, Murcia y Cataluña y las menores en Extremadura y Ceuta y Melilla.

Morosidad, falta de liquidez y ausencia de medios para producir están llevando al cierre de las pymes españolas y a la baja de los trabajadores autónomos.

Todos los sectores presentan bajas a excepción del autoempleo que registra un incremento del 1,6% de autónomos datos de alta.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se informa que en el último año se han cerrado 173.000 negocios de autónomos y pymes dejando a estos trabajadores en la indefensión más absoluta al no contar con ningún tipo de prestación ni ayuda.

Más de 200.000 cierres previstos al finalizar el año 2009. Más de 200.000 microempresas y autónomos,  se habrán visto obligados a abandonar su actividad en una sociedad en la que no se vende, no se produce, no se tiene acceso al crédito y la morosidad, especialmente pública, da al traste con cualquier posibilidad de mantenerse.

Pérdidas que debieran ser evaluadas, una sociedad sin tejido empresarial, sin producción y sin demanda, pierde completamente la competitividad y las opciones de volver a crecer.

Eso, sin olvidarnos de los riesgos de crisis social que la sociedad española está enfrentando ante la pasividad con la que el gobierno, las administraciones públicas y los bancos actúan frente a un problema en el que se vulneran los derechos más elementales de protección.