Impotencia de una sociedad sin protección
En un momento como el actual cuesta mucho tener confianza y fe nuevamente. En nuestro país, en algún momento se produjo una fisura entre la razón de existir de los órganos de poder- gobierno, administración pública, justicia gratuita y entidades financieras- y lo que sucedió realmente.
Hablamos todos los días de datos puramente económicos, desempleo, morosidad, deuda, falta de solvencia, falta de financiación, etc., conceptos todos que nos revelan un problema de fondo muy grave.
España es un estado de bienestar. El Reino de España, como se denomina a nuestro país funciona aún hoy, bajo un esquema en el que el estado protege a los ciudadanos y les da cobertura social.
Durante años la frase “la burocracia es la que ralentiza los procesos” fue algo asumido y hasta creíble por parte de la sociedad, sin embargo cuando estalló la crisis asistimos cada vez más a una desprotección social absoluta, políticas encaminadas a la destrucción de una sociedad que parece sobrar.
Las administraciones públicas vulneran todos sus preceptos establecidos en sus cartas de derechos, incumplen sus obligaciones de pago con el tejido empresarial y maltratan sistemáticamente a una sociedad con una única respuesta: “no hay dinero”.
El gobierno establece medidas de ayuda a los responsables directos de la especulación máxima que llevó al país a esta situación mientras lleva dos años sin destinar dotación extraordinaria de recursos a la protección social.
Los bancos, amparados por leyes vigentes que a nadie le interesa cambiar, ejercen su poder extremo y aniquilador sobre las familias, decidiendo cuanto y por cuanto tiempo van a estar bajo el yugo de las deudas.
Una justicia gratuita que no funciona que, al más puro estilo del “funcionario público” no ejerce protección alguna ni defensa real.
Y unos tribunales de justicia condicionados por leyes que no sirven en momentos como el actual, tribunales de justicia que acatan las instrucciones que reciben de los poderosos, porque a los poderosos les ampara la ley y a las familias no.
Impotencia total de una sociedad en la que parece sobrar tanta gente como oficinas bancarias, una sociedad demasiado grande para soportar 5 millones de parados y 10 millones de pensionistas, una sociedad con una morosidad del 18%, una tasa de desempleo del 21% y… una “clase media emergente” que dejó de ser útil para el crecimiento del país y de la que, sin duda, hay que deshacerse, si se quiere avanzar.
Temor, impotencia, desconfianza, desamparo e incertidumbre para una sociedad que no tiene donde dormir, ni donde trabajar ni como vestirse y para la que las ventanillas del progreso, las ayudas , los microcréditos , la repactación y la protección social permanecen siempre “ cerradas por vacaciones”.

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