Subidas de impuestos, despido barato y falta de financiación. Una vez más nos encontramos ante la disyuntiva de cómo afrontar la morosidad en un país en el que las pérdidas afectan ya a la dignidad intrínseca de las personas.

Cómo van a afrontar nuestros dirigentes los cierres de empresas y el despido de centenares de trabajadores, trabajadores que se cuentan en miles si hablamos del resultante de la reestructuración bancaria y que se cuentan por millones si hablamos del conjunto del país.

Abordamos el tema de la reforma de la Ley de Garantías Hipotecarias a comienzos de mes, una reforma planteada por la comunidad de Madrid pero que quedó en el olvido por la vorágine de los acontecimientos.

Miles de familias y empresas en una situación insostenible de endeudamiento, un endeudamiento no resuelto con las medidas tomadas en el debate sobre el estado de la nación.

La economía española no se recupera y no se reactiva, las ejecuciones hipotecarias se siguen contando en miles de expedientes acumulados en los juzgados.

Una morosidad que interesa a los bancos, los bancos tendrán deudas vitalicias pendientes de cobrar mientras vivamos- nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos- lo que asegurará una buena cantidad de euros en concepto de comisiones e intereses de demora.

Y nuestros dirigentes no enfrentan el problema…¿Miedo al poderoso? 

La solución es bien sencilla.

Asumamos la reforma del sistema laboral como parte intrínseca de la necesidad de efectuar un cambio en el modelo productivo de un país que tradicionalmente no sabe producir con un horizonte temporal a largo plazo.

Asumamos la reestructuración del sistema bancario como única vía para sanear y reducir un sistema demasiado grande que no optimiza ni justifica sus costes y con la visión de la necesidad de obtener un sistema bancario con solvencia, liquidez y rentabilidad para volver a la senda de su razón de existir, gestión del ahorro y concesión del crédito controlado y necesario.

Una vez asumidos estos cambios como parte importante y necesaria para salir de este ciclo histórico de destrucción en el que se encuentra el país, debemos exigir que los gobiernos, empresarios y sistema bancario resultante adopten las medidas necesarias para parar la ejecución de embargos y reformar la legislación vigente estableciendo medidas temporales que permita frenar la pérdida de viviendas, el cierre de empresas y las deudas perpetuas de familias y empresarios.