El crecimiento de la morosidad y los activos de las entidades de crédito que provocaron la explosión de la crisis inmobiliaria no se ponen en duda por ninguno de los agentes de la sociedad.

La necesidad urgente de resolver esta situación está llevando al Gobierno a aprobar un real decreto que pondrá en marcha el fondo de reestrucuración y ordenación bancaria antes de final de mes, con un índice de endeudamiento de 90.000 millones de euros que servirá  para intervenir en los casos más críticos y que apoye el reforzamiento de capital de aquella entidades que estén en menos dificultades.

El nuevo fondo de rescate de las entidades debe servir no solo para aportar capital y liquidez a la banca con el fin de poner en marcha la maquinaria de nuevo, sino que también se perfila como punto de partida para un nuevo modelo en el que el gobierno asuma sus derechos y obigaciones con intervenciones mediante el uso de recursos públicos en los casos más graves y apoyo a las medidas necesarias, fusiones, alianzas y acuerdos,  en los casos más leves.

Este nuevo fondo de rescate permitirá unicamente dar mayor poder al Banco de España para actuar ya que toda el resto de medidas que se han tomado podrían haberse llevado a la práctica sin implementar un nuevo fondo de rescate.

Los planes de rescate deben mantener su consideración de urgencia, la mezcla de escenarios políticos y situaciones cotidianas como la actual dirección de Caja Madrid o la reforma de la Ley de Caja de Ahorros con la implantación de un nuevo fondo de rescate no es adecuada para salir de la crisis y conseguir la efectividad máxima de este tipo de ejecuciones.