Los avales del gobierno para las hipotecas de viviendas de protección oficial que se ponen en marcha a partir del me de julio tienen como objetivo mejorar el acceso de las familias a créditos para la adquisición de viviendas.

Pretende además estimular a los bancos y cajas a firmar nuevos préstamos para reactivar el mercado de la vivienda y las previsiones apuntan más de un millón de formalizaciones.

La ejecución del aval que será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial será de cuatro a seis años desde la fecha en la que se firme la operación y el plazo de cobertura irá en función del grado de compromiso que adquiera el banco o caja que firme la hipoteca.

La medición del compromiso se hará en función del incremento de la cartera de créditos hipotecarios destinados a viviendas de protección oficial en comparación con el ejercicio anterior.

De esta forma si la entidad firma un mínimo de un 10% más con un mínimo de 7.5 millones de euros se acreditarán a esa entidad como entidad preferente y comprometida y el aval se extenderá a un máximo de seis años.

Para aquellas entidades que se consideren preferentes el gobierno garantiza avalar el 3% de la morosidad existente y, para el resto el 2% por un plazo menor de tiempo.

La comisión estipulada para el Instituto de Crédito Oficial es del 0.25% sobre la cobertura del aval y el procedimiento será el siguiente:

Una vez producido el impago y trascurridos 75 días desde la primera cuota impagada los bancos y cajas pueden ejecutar provisionalmente el aval sin requerimientos documentales y burocráticos.

Transcurrido un año el aval se liquida mediante devolución de importe al ICO o ejecución hipotecaria.

Características del aval.

Vigencia: desde el 1 de julio de 2009 hasta 31 de diciembre de 2010 o agotamiento de la cuantía.

Clientes: Personas físicas que adquieran una vivienda de protección oficial.

Importe: 6.000 millones.

Garantía: Hasta el 50% del préstamo hipotecario.

Financiación: 80% valor de tasación