El Defensor del Pueblo recibe 385 quejas por falta de resolución en las ayudas al alquiler de parte de los organismos públicos.

El nivel de desprotección de los ciudadanos ante los organismos públicos ha quedado de manifiesto en este informe que indica que, las administraciones públicas contra las que se efectuaron las reclamaciones no han reconocido su responsabilidad aunque indican que están intentando resolver las incidencias.

El desglose del informe se centra en 153 quejas admitidas a trámite por no pago o interrupción sin razón aparente del mismo. 93 de ellas contra el Ministerio de la Vivienda y 25 contra la Comunidad de Madrid.

Las ayudas que contemplan 210 euros para personas en situación de alquiler entre 22 y 30 años concentran sus reclamaciones en la lentitud para resolver el inicio de cobro de la subvención.

Así como los retrasos que desde el Ministerio de la Vivienda se producen en el momento de dar la orden de pago.

Como siempre, el informe del Defensor del Pueblo concluye con que los organismos autónomos no asumen directamente ninguna responsabilidad, culpabilizándose unos a otros de la situación.

El silencio administrativo producto de la inactividad y falta de diligencia que, amparados en la impunidad de sus actos, llevan a los organismos autónomos a comportarse de esa forma, ha revelado que transcurridos los plazos estipulados, no se da solución a las reclamaciones.

El informe pone de manifiesto una falta de ética absoluta por parte de los organismos que, en la solicitud inicial de la ayuda obvia la petición del certificado de haberes del solicitante, cuyo posterior requerimiento se efectúa transcurridos dos meses, provocando una nueva demora en la resolución de la ayuda y el inicio de cobro.

El informe se refiere al daño moral que este tipo de situaciones provoca en la sociedad, se incrementa la desconfianza en las instituciones y la impotencia ante escenarios que obligan a desistir de la iniciativa.

Estas situaciones contempladas en el informe emitido por el Defensor del Pueblo, vienen produciéndose desde los años positivos de la economía, donde los organismos públicos perdieron su orientación del servicio al ciudadano ante la ausencia de penalización por sus actos.

La esencia de los organismos públicos es servir los intereses de una sociedad.

Con un déficit superior a 6.000 millones de euros y unas actuaciones tan contrarias a su razón de existir, no parece que la recuperación económica vaya a encontrar respuesta positiva en el estado, más bien al contrario.