El BOE del 2 de Mayo incluye una reforma a la Ley Hipotecaria que, dada la situación actual del país, resulta cuando menos insólita.

Cuando esta semana que termina hemos conocido las previsiones de Bruselas para la economía española que son devastadoras y muy inquietantes.

Nos llegaron los datos del desempleo de abril que nos muestran como, ni tan siquiera en la antesala de las vacaciones se está creando empleo.

Y hemos conocido la cifra real de viviendas impagadas, morosidad tangible que afecta a más de  2,5 millones de personas.

En medio de todos esos datos nefastos para la economía del país, nuestros dirigentes deciden que para seguir amparando a los bancos la depreciación de las viviendas correrá por cuenta de las familias.

No podemos olvidar que la crisis puntual en España se produce por la especulación del suelo, pero en España no se aprende de errores pasados.

El mercado de la vivienda lleva más de un año paralizado por la necesidad imperiosa de conseguir bajar los precios a niveles normales y ahora, se decide que cuando la vivienda se deprecia, las familias deben compensar a los bancos.

Es una vergüenza y no deja de demostrarnos como a este gobierno no le interesa lo más mínimo la sociedad ni las familias.

Los avales y garantías que en su día respaldaron la hipoteca ya no son suficientes, ni tan siquiera el hecho de que las personas estén al día en sus cuotas parece tener valor alguno.

Los bancos no están ganando al ritmo de los años de bonanza y, eso es lo que hay que solucionar.

No el desempleo, ni el frenazo de la demanda, ni la morosidad, ni la imposibilidad de producir, ni la caída del turismo y la ausencia del comercio exterior , ni el estado de indefensión en el que se encuentran las familias, no, lo que hay que resolver son los beneficios que los bancos no tienen por la crisis.

Desde el pasado 2 de mayo si la casa hipotecada pierde valor a partir del 20% los bancos pueden reclamar al comprador garantías adicionales aunque este haya pagado sus cuotas puntualmente.

En medio de la situación actual, que los bancos puedan ahogar más a las familias no deja de ser preocupante e inquietante, no solo analizando la crisis económica de un país que parece despedazarse – como en todos los ciclos históricos, España no es una unidad, es un conjunto de civilizaciones distintas unidas por la geografía y eso se arrastrará siempre, principalmente cuando vienen vacas flacas- sino también analizando el aspecto psicológico de una sociedad ahogada, hipotecada en su dignidad a la que nadie parece estar interesado en proteger y que ya no tiene más que dar.

Bien es cierto que esta medida va desatar, o al menos eso sería lo deseable, un círculo de impopularidad ya que viéndolo desde otro ángulo, las familias hipotecadas podrían organizarse y exigir que el banco les devuelva el dinero que supuso una tasación por encima del valor real de la vivienda.

En los años de bonanza las tasaciones, las firmas de escrituras y los bancos iban de la mano corriendo todo el día para firmar cuantas más hipotecas y más altas mejor por lo que ahora podríamos suponer que esa especulación e incremento no real del suelo que pretenden compensar ahora con cargo a las personas, fue responsabilidad de los bancos y los dirigentes que lo permitieron y podría exigirse una reducción en el préstamo hipotecario equivalente a la depreciación de la vivienda.

El Real Decreto, en vigor desde el pasado 2 de mayo, dice literalmente en su artículo 9 que :”si por razones de mercado o por otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20% la entidad acreedora, previa tasación realizada por una sociedad homologada independiente, podrá exigir del deudor la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el préstamo o crédito que garantiza”.

Esta situación resulta especialmente delicada ya que las familias tienen bastante con asumir la hipoteca actual y no es una cuestión de que no les guste la medida, es que analizando las cifras de las economías domésticas es inviable.

La modificación de la ley incluye la posibilidad de iniciar un proceso de embargo si el cliente no responde a las garantías adicionales, más embargos, más costas judiciales, más comisiones por todos los conceptos, más morosidad.

Existe una opción generalmente desconocida en los procesos de embargos que consiste en que una vez reclamado judicialmente el embargo, el cliente puede, hasta el mismo día de celebrarse la subasta, abonar las cuotas impagadas, los intereses de demora y las costas procesales- mención a parte ya que suponen en la mayoría de los casos más de 12.000 euros- y NO tiene la obligación de abonar la totalidad del préstamo, a partir de ese momento el banco estaría obligado a ofrecer un plan de pago que se adeudara al cliente por la cantidad que restara por pagar ya que este, se encontraría al corriente de pago con la entidad.

En este momento la reunificación de deudas podría adquirir un papel preponderante, ya que se conseguiría una cuota adecuada a las necesidades del cliente por el restante de la hipoteca y de esta forma se salvaría la propiedad.

No deja de sorprender como las medidas contempladas en la legislación vigente destinadas a la protección de los ciudadanos, están tapadas y no se habla de ellas para que las familias no conozcan sus derechos, no vaya a ser que comiencen a exigirlos y entonces, el gobierno deberá pagar a los bancos con sus sueldos si quieren seguir dándoles poder.

Una medida completamente contraria a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que es la principal obligación de los estados y, como siempre, más poder para los bancos.