Cuanto más fuerte es la crisis en la que se ve inmersa una sociedad más fuerte es la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y particulares con los que mantienen una relación contractual. 

Esta es una paridad que siempre se cumple ya que cuando falta el dinero se destruye el empleo y se hace más difícil afrontar las deudas lo que lleva a que los bancos no concedan financiación y ahí empieza la espiral que parece no tener fin. 

Por eso ante esta situación, es muy común que los bancos soliciten avales, referencias o mayores ingresos  a la hora de conceder un crédito y esto es algo  a lo que los años precedentes nos habían desacostumbrado. 

Venimos de la cultura de “todo para todos“ y, se hace muy difícil convivir en un momento así. 

En los alquileres también se da esa espiral y no se salvan de la desconfianza. Los arrendatarios  exigen cada vez más  la formalización de un aval de forma que se puedan asegurar el pago del alquiler. 

Para formalizar el aval, el futuro alquilado debe dirigirse a su banco y pedir un contrato de aval con el que el banco se comprometa a pagar cuando éste no haga frente a la deuda.

Evidentemente, el banco, a cambio, pedirá al inquilino unas responsabilidades y compromisos, generalmente, mediante la pignoración de algún activo a fin de evitar entrar en un círculo de morosidad con los arrendatarios. 

Es decir el banco tiene retenido dinero en efectivo durante toda la vigencia del aval de forma que se  garantice el pago en caso de tener que ejecutarlo. 

Actualmente existe la renta de emancipación, financiada por fondos públicos en la que se contempla de 120 € en caso de tener que formalizar un aval bancario. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por Ley, lo único realmente exigible por parte de quien alquila es una fianza equivalente a, al menos, un mes de mensualidad. 

Sea como fuere, el más beneficiado es, sin duda, el arrendador ya que se asegura cobrar todas sus mensualidades aún cuando el alquilado le deje de pagar, pues sería el banco avalista quien le pagara en caso contrario. 

Dado que los gastos de formalizar un aval bancario son exageradamente altos, y puesto que tampoco es obligatorio por Ley pedir un aval, siempre podemos intentar hablar con el arrendador y llegar a un acuerdo.